Tijuana, B. C., martes 28 de mayo de 2019. Recientemente, el Instituto de Transparencia de Baja California otorgó una calificación casi perfecta al Ayuntamiento de Tijuana, por su desempeño en dicha materia. Algo de lo cual se sienten muy satisfechos los servidores públicos municipales.
Lamentablemente, a pesar de compartir el color azul de su camiseta, en el Gobierno del Estado si “cantan mal las rancheras”. El pasado mes de septiembre, solicité información a la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer a detalle los recursos públicos utilizados para efectuar el “espectáculo”, perdón, quise decir “Informe”, encabezado por la presidente del DIF estatal.
En mi solicitud, expresé: “Por medio de la presente me permito extender una atenta y respetuosa solicitud a fin de conocer el monto total y desglosado (pormenorizando los conceptos, cantidades y partidas) al cual ascendieron los gastos por concepto del acto y
campaña denominada ´5 años trabajando juntos´, relativo al informe de actividades 2017-2018 de la presidente del DIF
Estatal […]”.
Luego de una larga espera, finalmente obtuve la información solicitada, en la cual respondieron que la señora Brenda Ruacho de Vega, gastó un total de $1´869, 430.36 pesos, en un “Informe” que, ¡NO está obligada a dar! Pues, como bien se sabe, el suyo es un cargo honorario, por tanto, NO se considera funcionaria pública. Sin embargo, la dama gastó casi dos millones de pesos en una sola actividad y, muy seguramente, estará pensando en “cerrar con broche de oro”, antes de que finalice la administración kikista.
En dicha ocasión, finalicé mi petición solicitando que especificaran el fundamento jurídico que da origen a dicha actividad; ante lo cual, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, emitió la siguiente respuesta: “[…] el Informe de las Actividades de DIF Estatal por parte de la Presidenta(sic) del Patronato es una actividad que se ha llevado a cabo desde la creación del Organismo así como se realiza en otros Estados de la República […]”. Por lo anterior, se concluye que, ¡NO existe un fundamento legal para despilfarrar nuestro dinero!
De acuerdo con el sitio web de la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, lo anterior se definiría como nepotismo y abuso de funciones; así, actualmente, Baja California es un ejemplo de lo que no debe ocurrir. Una raya más al tigre. Por cierto, cabe destacar que la respuesta, aunque si tiene membrete, no viene firmada ni indica el nombre de la persona responsable en elaborarla.
El gobierno de Vega es experto en disfrazar la información que debería ser clara y accesible. Además de la solicitud referida, me di a la tarea de consultar diferentes instrumentos oficiales disponibles para conocer el monto total de los ingresos obtenidos por determinados programas gubernamentales y, como se podrá imaginar, a la fecha no he logrado obtener tales datos. La información que ha sido publicada es tan confusa y enmarañada que, a simple vista, parece premeditadamente oculta. Supongo que Kiko y su equipo, tendrán valiosas razones y justificados objetivos para actuar de ese modo.
El 29 de mayo terminarán las campañas electorales locales -si es que existieron-, ahora viene el periodo de reflexión y, lo más importante, nuestra participación en la jornada del próximo domingo dos de junio. Los invito a ejercer nuestro derecho a elegir y cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana; contratemos a nuestros siguientes servidores públicos. Por favor, ¡vamos a votar!
Post Scriptum. “Conmigo, la gente manda”, Francisco Arturo Vega de la Madrid.
* El autor es consultor político, catedrático y escritor.
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